Irregularidades en la compra de torres de seguridad a una empresa israelí

La Oficina Anticorrupción denunció a Patricia Bullrich por una licitación de cuando era ministra

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO fue denunciada por direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una firma a la que le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían sus competidoras en la licitación, y a la que el Estado le pagó también el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador. 

"El monto finalmente pactado" con el consorcio Israel Aerospace Industries-Rafael SA "ascendió a USD 35.000.000, el que resultaba muy superior a los USD 28.901.000 ofertados originariamente, y superaba en USD 5.049.445 la propuesta de su competidora Aeronautics Ltd", dice la denuncia de la OA, que dirige Félix Crous. La adquisición consistía básicamente en unas torres con cámaras y otras con sistemas de comunicación para captar llamadas. En un caso incluso las torres no funcionaban en Argentina porque estaban pensadas para territorio israelí y tuvieron que elevarlas. Fueron presentadas como sistemas integrales de seguridad para los pasos fronterizos de Foz de Iguazú, La Quiaca - Villazón, Aguas Blancas - Bermejo y Salvador Mazza.

 Pagos extra

Dos años después de la firma del convenio parece que Bullrich y equipo se toparon con algunos inconvenientes para instalar las torres y artefactos que compraron porque no habían estudiado el terreno donde serían ubicados, que estaban diseñados para la defensa militar de Israel, su país de origen. Como por norma no podían modificar el convenio ni el monto, pero debían hacer modificaciones, redujeron de trece a once las torres de vigilancia, les eliminaron los paneles solares para producir energía, pasaron de dos a una las torres de comunicación, tuvieron que duplicar la altura de algunas torres y desechar kits de vigilancia portátil. Lo mismo pasó con los drones (tuvieron que alargar cables y mejorar cámaras).

Llegó un punto en que seguían complicaciones y faltaban tantas cosas que aumentaban los costos que propusieron usar "medios administrativos alternativos" ya que a través de Seguridad no podían pagar ni un peso más. Empezaron a aparecer capacitaciones y otros gastos inexistentes. Hasta terminan pagando impuestos de la empresa que recibía los pagos, Issatec Technologies S.A., también de Eitamar. El argumento es que había un convenio según el cual como la firma en cuestión giraba el dinero al exterior la carga impositiva era menor. Pero resulta que no había giros al exterior y que la empresa era local. El pago sí hizo a través del Ente Cooperador ACARA con fondos del Estado.